Una cañada sin derechos

Ángel Pérez reclama en el Pleno una ley urgente que regule el proceso para que la Cañada Real se devuelva al dominio público

Cómplices en la violación sistemática de los derechos humanos. Así definió en el pleno de julio la actitud de las Administraciones en la Cañada Real el portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez. "Queremos, dijo, una ley que regule el proceso para que la Cañada se devuelva al dominio público pero mientras tanto la intervención social no puede estar paralizada".

Pérez fue más allá al sostener que el Gobierno de Esperanza Aguirre "no quiere la Cañada Real para dominio público sin más sino una nueva operación urbanística de dudosa ética sobre las carencias y el sufrimiento de gente que, en parte, no tiene más delito que no tener nada", todo ello sin olvidar que hay otra parte de residentes en la Cañada que "especula y no son merecedores de ningún derecho".

El portavoz de IU insistió en que no se trata de hacer "caridad" en la Cañada Real sino de aplicar los derechos humanos, que "no son competencia de nada, ni materia de delegación". Su receta pasa por "meter la pala" en la entrada de la Cañada y sacarla a su salida "derribando todo lo ilegal y dando derechos a las familias que los merecen" porque "ya está bien de una situación que es una vergüenza política".

Por su parte, La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, abogó por no esperar a la ley que se está tramitando en la Asamblea de Madrid para avanzar en la Cañada Real, sobre todo desde el punto de vista social, un extremo compartido por el Defensor del Pueblo en su informe anual.

Asimismo, la edil señaló directamente a la Comunidad de Madrid, por ser la titular del dominio público, para que convoque la demandada mesa con todas las partes afectadas ya que, de lo contrario, se darán únicamente "medidas paliativas pero no una solución integral al problema".